AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD (1945-1945) - Región de Murcia

INFORMA



"QUIEN ES QUIÉN" DE LOS QUE SE OPONEN A LA ANULACIÓN DE LA SENTENCIA
DE LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS

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El Abuelo
coronel auditor Luciano Cándido Conde- Pumpido Ferreiro.

coronel auditor del Ejército franquista. Participó como vocal en el
Alto Tribunal de Justicia que condenó a muerte a 25 tripulantes del
buque Mar Cantábrico el 30 de abril de 1937, en uno de los procesos
más renombrados de la Guerra Civil española. Formuló
las "Conclusiones provisionales" el 31 de julios de 1936 contra el
Contralmirante don Antonio Azarola Gresillón, fusilado a las 6 de la
mañana del 4 de agosto de 1936. En estas Conclusiones [....] a juicio
del Fiscal "procede imponer al procesado, Excmo. Sr. Contraalmirante
don Antonio Azarola Gresillón la pena de muerte"....

El Padre
Conde-Pumpido Ferreiro

Fiscal del temido Tribunal de Orden Público (TOP); una especie de
inquisición política creada por el régimen de Franco para sustituir a
los tribunales militares y al Tribunal Especial para la Represión de
la Masonería y el Comunismo. De una inusual ferocidad sancionadora,
el TOP incoó entre 1963 y 1977, año en que se disolvió, unos 24.000
procesos con escasas o más bien nulas garantías jurídicas. Entre esas
causas cabía destacar la llamada 1.001, instruida contra los
dirigentes de Comisiones Obreras.

El Nieto
Cándido Conde-Pumpido

Nació en La Coruña en 1949. Se licenció en Derecho y en Ciencias
Económicas y empresariales por la Universidad de Santiago de
Compostela. En 1974 inició su carrera profesional como Juez de
Primera Instancia e Instrucción.Ha sido Magistrado de la Audiencia
Provincial de San Sebastián y Presidente de la Audiencia Provincial
de Segovia. En 1995 fue nombrado Magistrado de la Sala Segunda del
Tribual Supremo español.
Se opuso a la imputación de Felipe González por el caso GAL. Fue
ponente de la sentencia dictada en el caso Roldán. Participó en el
Tribunal que condenó, entre otros, al ex-Ministro José Barrionuevo
por el caso Marey.El 23 de abril de 2004, fue nombrado Fiscal General
del Estado en sustitución de Jesús Cardenal.


19oct2004
CANDIDO Conde-Pumpido, expresó ayer sus dudas sobre la idoneidad de
revisar todas las sentencias judiciales del franquismo, tal como
acordó el Gobierno en el Consejo de Ministros el viernes. Desde
Palma, el fiscal general del Estado estimó que lo más "conveniente"
es "recuperar la memoria" sobre la guerra civil y el franquismo para
que se pueda restituir el prestigio de las personas que
fueron "injustamente tratadas".
http://www.eladelanto.com/noticias/imprimir.asp?pkid=156895



Comparecencia del Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-
Pumpido, ante la Cámara del Senado.

29 noviembre 2004. Pregunta del senador Miquel Bofill i Abelló.
Entesa Catalana de Progrés (PSC-ERC-ICV-EUiA)

"quisiéramos saber cuál es la posición de la Fiscalía General
respecto de la necesaria y justa revisión de los sumarios de carácter
político del régimen franquista, con el fin de elaborar una ley que
anule los consejos de guerra franquistas y responda así a las
innumerables peticiones de anulación de esos juicios sumarios, y
sirva también para restituir toda la dignidad de las víctimas más
emblemáticas de esa represión, como el presidente de la Generalitat
de Cataluña, Lluis Companys, o Blas Infante."

Respuesta del Fiscal General del Estado

(...) Me planteaba su señoría en segundo lugar el tema de la
recuperación de la memoria histórica en relación con las víctimas de
las condenas injustas, realizadas con posterioridad a la Guerra
Civil. Indudablemente yo he expresado ya mi idea de que esto debe de
venir por la vía de una disposición de carácter general; que no me
parece procedente que individualizadamente los tribunales de justicia
en este momento vayan a proceder a una revisión caso a caso de esas
sentencias, por la vía del proceso de revisión, porque para ese
proceso habría que modificar previamente legislativamente los cauces,
ya que si no no ofrecería un camino apropiado para ello. Y, por otra
parte, podría resultar también una situación de desigualdad, porque
sería difícil abarcar en realidad la totalidad de los casos. Por eso
en mi entender debe haber una recuperación de la dignidad y del
carácter moral que debe venir con una disposición de carácter general
que pueda abarcar todos los supuestos. Esa sería mi posición,
naturalmente respetando cualquier otra.
http://www.mbofill.net/arxius/000113.html


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(...) Luciano Conde Pumpido, fora Fiscal da Base Naval de Ferrol,
coronel Auditor e compoñente do primeiro Tribunal Supremo de Guerra y
Marina do Réxime de Francisco Franco Bahamonde. O Fiscal Luciano
Conde Pumpido foi quen formulou as "Conclusions provisionais"o 31 de
xullo de 1936 contra o Contralmirante don Antonio Azarola Gresillón,
fusilado ás 6 da maña do 4 de agosto de 1936. Nestas Conclusions
[....] a juicio del Fiscal "procede imponer al procesado, Excmo. Sr.
Contraalmirante don Antonio Azarola Gresillón la pena de muerte"....

http://galicia-suroeste.com/aguarda/luiscadilla.htm


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Antonio Azarola Gresillón. 61 años, contralmirante, Jefe del Arsenal
en el momento de la sublevación militar. Ministro de Marina en 1935.
Segun la relación nominal de ejecutados en la comarca de Ferrol
ofrecida por el profesor Xosé Manuel Suárez, Antonio Azarola
Gresillón fue ejecutado el día 4 de agosto de 1936 en el cuartel de
Dolores, por "delito de abandono de destino contra sediciosos y
rebeldes". http://www.terra.es/personal/suarxm/ejecutados.htm
En la web del profesor Manuel Suárez se puede descargar el documento
DE PERPETUA A MUERTE.HISTORIAS DE LA GUERRA CIVIL donde se relata la
rebelión militar franquista en Ferrol. Aqui vuelve a aparecer el
abuelo del actual Fiscal General del Estado, esta vez condenando a
muerte al maquinista López Amor:

"Este consejo de guerra, presidido por el contralmirante Franco
Villalobos y del que forman parte el coronel maquinista Manso, el
teniente coronel maquinista Mauriz, el coronel de infantería de
Marina Liaño, el teniente coronel de infantería de Marina De las
Huertas y el capitán de fragata Luis Vierna, mientras actúa de fiscal
el coronel auditor de la Base Conde Pumpido, condena a muerte a López
Amor. Su ejecución tuvo lugar el jueves 30 de madrugada, por disparos
de una sección de infantería de Marina en el cementerio de Canido. No
hemos hallado en los archivos el sumario abierto contra Amor, que
entra el 26 de julio en el "Plus Ultra", del que desembarca el 29 por
orden del Estado Mayor de la Base -como consta en su expediente
personal-, por lo que consideramos probable que el maquinista hubiese
sido fusilado sin sentencia, dada la extrema rapidez con la que se
obró en este caso. De ser así, el primer fusilado tras consejo de
guerra en Ferrol sería el contralmirante Azarola, el 4 de agosto.
Pero no es necesaria la celebración de un proceso sumarísimo, muchas
veces se pasa por las armas sin juicio."

http://www.terra.es/personal/suarxm/De%20perpetua%20a%20muerte.%
20Historias...1%20parte.pdf


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Los sublevados, por su parte, hicieron fusilar, entre otros, al
contralmirante Antonio Azarola Gresillón, jefe del Arsenal del Ferrol
y ex ministro de Marina; al capitán de navío Sánchez Ferragut,
comandante del crucero "Almirante Cervera", y al teniente de navío
Sánchez Pinzón, de ese mismo crucero. Según el profesor Williard C.
Frank, los sublevados «fusilaron 1.400 auxiliares y marineros, que
representaban una décima parte del total de esos cuerpos de la
Armada; o sea, un cuarto de los prisioneros en zona nacionalista.» El
contralmirante Camilo Molins Carreras, jefe del Arsenal de Cartagena,
fue fusilado al terminar la guerra.
http://www.asturiasrepublicana.com/cervera2.html



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La versión expuesta en la web del Museo Naval , una entidad cultural
de titularidad estatal gestionada por el Ministerio de Defensa a
través de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la
Defensa: Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico; y
con dependencia orgánica del Vicealmirante Jefe de Asistencia y
Servicios Generales,

" Al producirse la sublevación del Ejército de Marruecos a las
órdenes del general Franco, una notable proporción del Cuerpo General
de la Armada estaba identificada con las ideas de los militares
alzados contra la República. Otra parte no desdeñable de oficiales
que era apolítica o leal a la Constitución de 1931, no participó en
los hechos iniciales y apenas se enteró de lo que realmente estaba
sucediendo. Sin embargo, la indiscriminada persecución y muertes -
más del ochenta por ciento de los jefes y oficiales del Cuerpo
General embarcados en la Flota fue eliminado en breve plazo -, la
falta de control del Gobierno sobre las masas armadas, y la
imposibilidad de ejercer el mando sobre dotaciones indisciplinadas
que desconfiaban de los oficiales de carrera, fueron motivos
suficientes para que sólo una pequeña parte del escalafón profesional
sirviese más o menos lealmente al Gobierno republicano de Madrid; de
ellos muchos con una falta notable de entusiasmo y de fe en la causa
que defendían. "

http://www.museonavalmadrid.com/tour/informaci%F3n/sala_15.htm


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REPORTAJE /
Del azul al rojo
Nietos del franquismo
Por José María Zabala

Época

Editado por Javier Sánchez Bujanda (PD) Jueves, 1 de septiembre 2005

Sucedió en una de las vistas orales del célebre caso Banesto. El
financiero Jacques Hachuel, socio de Mario Conde en varios negocios,
escuchaba atónito las materias sobre las que le interpelaba el
letrado Cándido Conde- Pumpido Ferreiro.

Cuando ya no pudo disimular más, Hachuel le espetó: -Lo siento, pero
no entiendo qué dice el señor Pompidou... Las carcajadas estallaron
en la sala. Su presidente, Siro García, se apresuró a silenciar la
algarabía dirigiéndose a Hachuel: -Si este señor es Pompidou -le
dijo, entonces usted es Mitterrand.

Uno de los protagonistas de esta divertida anécdota que relataba
Rafael Pérez Escolar era el progenitor del actual fiscal general del
Estado, Cándido Conde- Pumpido Tourón. Tras jubilarse como magistrado
del Tribunal Supremo, Conde-Pumpido, padre, fue fichado por el bufete
británico Clifford Chance para encabezar su delegación madrileña.

Durante esos años, defendió al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)
en el caso Banesto, pero no logró que el tribunal impusiera la
condena solicitada. ¿Quién era en realidad Conde-Pumpido Ferreiro,
nacido en Caldas de Reyes (Pontevedra) en 1927? Habría que remontarse
al régimen franquista para hallar sus raíces jurídicas.

En aquellos años formó parte, como fiscal, del temido Tribunal de
Orden Público (TOP); una especie de inquisición política creada por
el régimen de Franco para sustituir a los tribunales militares y al
Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

De una inusual ferocidad sancionadora, el TOP incoó entre 1963 y
1977, año en que se disolvió, unos 24.000 procesos con escasas o más
bien nulas garantías jurídicas. Entre esas causas cabía destacar la
llamada 1.001, instruida contra los dirigentes de Comisiones Obreras.

Avatares del destino: un letrado de ese mismo sindicato compartió
luego con él banco en el caso Banesto. Si el padre del actual fiscal
general del Estado ocupó relevantes cargos durante el franquismo,
¿qué decir del abuelo?

Éste fue nada menos que coronel auditor del Ejército franquista.
Participó como vocal en el Alto Tribunal de Justicia que condenó a
muerte a 25 tripulantes del buque Mar Cantábrico el 30 de abril de
1937, en uno de los procesos más renombrados de la Guerra Civil
española.

El tristemente célebre sumario 50/1937 se dirigió contra la
tripulación de la motonave Mar Cantábrico, apresada el 8 demarzo por
el crucero nacional Canarias cuando arribó a la costa santanderina
cargada de armas y aviones para los republicanos.

http://www.periodistadigital.com/espana/object.php?o=161407


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En estos momentos, el franquismo residual utiliza los ascendentes
franquistas del Fiscal General para desacreditarle.


Zapatero echa tierra sobre su «memoria histórica»

La Comisión Interministerial creada por el Gobierno para solucionar
todos los litigios de los afectados de la Guerra Civil española
permanece «en punto muerto» No existe un fecha fijada para el
esperado anteproyecto de ley para las víctimas

La comisión Interministerial creada para las víctimas de la Guerra
Civil fue uno de los baluartes electorales de Zapatero, pero el
retraso, la falta de concreción de sus medidas y la descoordinación
de sus resultados no dejan de ser denunciados por los afectados.

Pedro Corral



Varios familiares trasladan los restos de víctimas de la Guerra Civil
al cementerio de Aranda de Duero el pasado 1 de septiembre


Madrid- A pesar de la urgencia y efectismo con que el Gobierno
anunció su creación, en el consejo de ministros del 23 de julio de
2004 celebrado en León, la Comisión Interministerial para el estudio
de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo
ha perdido todo su ímpetu un año después. La fuerte carga simbólica
del lugar elegido para anunciar la nueva Comisión –la ciudad natal de
Zapatero, donde en 1936 fue fusilado por los franquistas su abuelo–
no ha logrado evitar que el Gobierno esté pensando en echar tierra
sobre su anunciado proyecto de «memoria histórica»

El anuncio de la extensión de los trabajos de la Comisión
Interministerial a la reparación de las víctimas en el bando
franquista, filtrado desde Moncloa en días pasados, significa de
hecho la desnaturalización del proyecto inicial, que tenía en su
punto de mira la reparación de los represaliados durante la guerra y
la dictadura por el bando vencedor. El golpe de timón a la Comisión
Interministerial, presidida por la número dos del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, se justificaría, según la filtración de
Moncloa, por el deseo de ayudar a cicatrizar las heridas, en vez de
reabrirlas.

El Gobierno habría descartado, por tanto, la lectura
unidireccional de los desastres de la Guerra Civil para poner en pie
un proyecto conciliador que asumiera no sólo la cruenta represión
franquista, sino también la que tuvo lugar en el bando republicano
durante la guerra. ERC y IUCV ya han puesto el grito en el cielo,
exigiendo que la Comisión Interministerial se centre exclusivamente
en las víctimas del bando perdedor. El Gobierno se comprometió a que
la Comisión Interministerial tendría listo a finales de 2004 o
principios de 2005 un informe sobre el estado de la cuestión en
cuanto a anulación de juicios, retirada de símbolos franquistas,
exhumación de restos de represaliados, pensiones o acceso de las
familias a los archivos judiciales militares. Del informe no hay
noticia hasta el momento. Después se anunció que para antes o
inmediatamente después de este verano estaría redactado un
anteproyecto de ley sobre las víctimas de la guerra civil y el
franquismo, del que hoy tampoco se sabe nada.

Retraso en la Comisión. En mayo pasado, en una respuesta
parlamentaria a CiU, el Gobierno informó que la Comisión
Interministerial había celebrado hasta la fecha 38 reuniones. Para
justificar el retraso en los trabajos de la Comisión, el Ejecutivo se
escudó en la abundante documentación que había recibido de los
asuntos sobre los que debía informar: «Hasta el 14 de abril de 2005
se habían recibido en la Comisión Interministerial un total de 686
escritos, que, en muchas ocasiones, vienen acompañados de libros,
ensayos de carácter historiográfico, y documentales sobre las
cuestiones planteadas, lo que implica una intensa tarea de análisis y
estudio jurídico».

Esta parrafada venía a confirmar que la nueva Comisión se había
visto desbordada por las reclamaciones de las asociaciones y
particulares afectados. Pero la excusa de los integrantes de la
Comisión nadando en un océano de papeles no ha sido muy convincente
para las víctimas del franquismo, que se han quejado reiteradamente
al Gobierno de la falta de concreción de los trabajos. Lo que se
llama marear la perdiz. Lo cierto es que el anuncio de la creación de
la Comisión empezó a perder fuerza a los pocos días de su
presentación. Fernández de la Vega anunció a bombo y platillo que uno
de sus objetivos era redactar un anteproyecto de ley que «rehabilite
moral y jurídicamente» a los afectados. Diez días después, cuando el
decreto apareció publicado en el BOE, en su articulado sólo se
hablaba de «reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas».

La revisión de los juicios del franquismo parece haberse
convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno, que no ha
dejado de jugar al Guadiana con esta reivindicación, de la que las
asociaciones de represaliados y de la «memoria histórica» han hecho
una de su principales banderas en sus peticiones y escritos a la
vicepresidenta primera. A pesar de que la cuestión de la
rehabilitación jurídica no se incluyó en el decreto de creación de la
Comisión Interministerial, cuando ésta se constituyó, el 18 de
octubre de 2004, el Gobierno volvió a ponerla encima de la mesa.

Tres días antes de formarse la Comisión, el 15 de octubre, el
Consejo de Ministros había acordado otorgar «especial prioridad» al
asunto, después de que el ministro de Justicia, López Aguilar,
presentara un informe sobre las numerosas solicitudes ya recibidas
sobre peticiones de nulidad de sentencias dictadas durante el régimen
franquista. La vicepresidenta primera reconoció que el Ejecutivo
había dado instrucciones para que la Comisión estableciera «como
prioritaria en sus trabajos la necesidad de articular una solución a
estas demandas».

Sin embargo, aquel nuevo impulso dado por el Gobierno recibió en
abril de 2005 una ducha de agua fría por parte del fiscal general del
Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró tajantemente en un
comunicado que «no tiene intención alguna de promover la revisión de
los procesos militares celebrados durante el régimen del general
Franco».

Ante informaciones de sentido contrario aparecidas en la prensa,
Conde-Pumpido se vio obligado a aclarar que se había limitado a pedir
un informe al Fiscal Jefe de lo Militar, Fernando Herrero-Tejedor,
sobre cuál debía ser la Sala competente para resolver los llamados
recursos de revisión. «La Fiscalía General del Estado ni quiere ni
puede llevar a cabo una revisión con carácter general de todos los
juicios, penales o militares, celebrados en un período de cuarenta
años», agregaba el comunicado.

El «peso» del pasado. En este sentido, el Gobierno no desconoce la
desafortunada combinación entre su voluntad de revisar los juicios
del franquismo y el hecho de que esta tarea pudiera recaer en el
citado Cándido Conde Pumpido, descendiente de un importante cargo de
la justicia militar franquista, el coronel auditor Luciano Conde
Pumpido, que confirmó muchas de las condenas a muerte dictadas por
los vencedores en la guerra y la posguerra, algunas de las cuales
podrían querer ver anuladas los deudos de los ajusticiados.

El abuelo del actual fiscal general del Estado fue designado por
Franco en 1936 como vocal del Alto Tribunal de Justicia Militar,
entre cuyas actuaciones figura el célebre proceso contra la
tripulación del «Mar Cantábrico», donde fueron ejecutados veinticinco
de sus tripulantes, dos de ellos menores de edad. Ya en la posguerra,
Luciano Conde Pumpido pasó a formar parte del Consejo Supremo de
Justicia Militar, por el que pasaban para su confirmación o
conmutación miles de condenas a muerte.A las reticencias del Gobierno
ante las peticiones de las asociaciones de represaliados, se han
sumado sus dudas sobre la conveniencia de llevar a cabo las
iniciativas que le exigen sus socios en el Parlamento. La más
llamativa es la que se refiere al futuro del Valle de los Caídos y su
conversión en un centro de interpretación sobre la represión
franquista. Un listón muy alto que el Gobierno se está pensando mucho
si debe saltarlo.

Existen, sin embargo, otras razones de peso para que el Gobierno
esté decidido a dar marcha atrás en su reparación unilateral de las
víctimas de un solo bando. El conocimiento que el ciudadano medio
posee de la Guerra Civil hace imposible ocultar que el horror de la
represión se repartió en ambas zonas contendientes, donde cualquiera
que hubiera resultado ganador de la contienda lo habría extendido en
la posguerra, como efectivamente hizo el bando franquista. No menos
importante, a la hora de replantear los trabajos de la Comisión
Interministerial, es el amplio espacio que aún queda al descubierto
de su misión. Ya no se trata de las víctimas de un bando o de otro,
sino de las víctimas que cada bando produjo en sus propias filas, por
unas y otras circunstancias. Los desertores y automutilados
ajusticiados en el frente, incluidos muchos voluntarios de las
Brigadas Internacionales cuyas tumbas olvidadas salpican hoy el
paisaje español, pertenecen a este capítulo al que nadie parece
querer prestar atención.

Bien valdría para que también se fije en él la desbordada Comisión
que preside Fernández de la Vega, el caso de un joven guipuzcoano,
Esteban Garaitonandía, afiliado al sindicato socialista UGT.
Prisionero de los franquistas en la campaña del norte, fue enviado
por su captores a primera línea en el frente de Teruel, donde a su
vez cayó prisionero de los republicanos a finales de 1937. Nuevamente
incorporado a filas en el Ejército Popular, en diciembre de 1938
intentó desertar de sus trincheras, seguramente con intención de
volver a casa y olvidar por fin aquella guerra que tan
caprichosamente había jugado con su vida. Cuando ya se había alejado
unas decenas de metros de sus propias alambradas, Garaitonandía murió
acribillado por el fuego de las ametralladoras de sus camaradas
republicanos. La pregunta es quién reparará algún día la memoria y la
dignidad de este español, al que el destino convirtió en prisionero
de los dos bandos. A buen seguro que ahora no lo hará la Comisión
Interministerial, que parece que ya tiene bastante de qué ocuparse,
empezando por la obligación de evitar que sus trabajos consistan en
retrasar las agujas del reloj de España a la hora en que despiertan
los viejos fantasmas.

Nº 2170 | document.write(doClock("W0",",%20","D1","%20de%20","M0","%
20de%20","Y0")); Domingo, 18 de septiembre de 2005
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac76508.htm