El coronel del Ejército español Amadeo Martínez acusa formalmente
al rey Juan Carlos I ante el presidente Congreso
Intento de golpe de Estado, la puesta en actividad de los batallones
de la muerte, enriquecerse, ejercer la corrupción , desviar fondos
reservados del Estado, un presunto asesinato
[03.08.2008 13:13]

AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES
ESPAÑOLAS

Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e
historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con
arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución
española manifestándole lo siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el
artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de
esa Cámara en la legislatura anterior, señor Marín, un exhaustivo
Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la
tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como
la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una
larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una
serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I
fue el máximo responsable de su planificación, coordinación,
preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación
de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el
artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido
y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan
deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las
responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las
que pudo incurrir el monarca español.

En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre
el 23-F al presidente del Congreso de los Diputados y visto que éste
no parecía dispuesto a acusar recibo del mismo y, mucho menos, a
estudiarlo o debatirlo en la Cámara que presidía (aunque me consta
que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios)
decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor
Rojo, al del Gobierno de la nación, señor Rodríguez Zapatero, y a
cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del
Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo,
Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc. Ninguna de las
autoridades a las que iba dirigido el, al parecer, “políticamente
incorrecto” escrito (a excepción del presidente del Senado, quien
acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de la Cámara)
contestó al mismo.

Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente Marín como de
los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y
medio después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté en el
Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la
creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de
Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23
de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo
quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano
algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía
difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los
últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único
“salvador de la democracia y las libertades del pueblo español”
puestas en peligro por el golpista Tejero.

Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que el Congreso
de los Diputados, con su señor presidente al frente, y el resto de
autoridades a las que había dirigido el documento nunca se iban a
molestar en acusar recibo del mismo (si sus señorías no quieren
debatir tan espinoso asunto que lo haga la opinión pública, primero
nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis
investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan
Carlos I, el último Borbón”. Styria. Febrero 2008), un extenso
trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después
de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado
asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves
irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que
ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus
treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son,
obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar
escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la
historia. Como los que relaciono a continuación:

1º.-Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera
de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus
militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que
planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e
inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya
comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del
arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la
nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema
derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él
mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del
teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así
en serio peligro de guerra civil a este país.

2º.-La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o
grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o
secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas
y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y
técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del
Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe
del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan
Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos
militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles
españoles y mercenarios extranjeros.

3º.-Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su
familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo,
recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el
exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su
omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que
ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según
prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo
lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma
de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta
nunca desmentida por La Zarzuela.

4º.-Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y
aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones
multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches,
petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…)

5º.- Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras
galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el
que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga
relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del
espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes
españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos
reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del
Interior.

6.-Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su
día por él mismo y su familia) cometido en sus años mozos, ya que
el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido
cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de
instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de
instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de
toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando
sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido
aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su
hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de
Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a
ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos
dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que
ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a
Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.

En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta
años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de
investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en
su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para
hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente.
Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia
portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en
aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.

De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I,
que recoge el ya repetidas veces comentado trabajo de investigación,
se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de
los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos
años las elites mejor informadas de este país (políticos,
periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos
y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el
presente escrito ha decidido ahora darles publicidad en forma de
libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que, por otra
parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido
desmentido en ninguno de sus extremos ni por la propia Casa Real
española ni por autoridad alguna. Hasta el momento también, tanto el
Congreso como los demás poderes del Estado han “callado y
otorgado”.

En vista de ello, constituidas ya las nuevas Cortes Generales salidas
de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y comenzado con
ello una nueva legislatura, me dirijo a VE como presidente del
Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya
citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación
de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que
proceda de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras
responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con
anterioridad y que resumo de nuevo:

1º.-La llamada durante años “intentona involucionista del 23-F”
y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra borbónica de
altos vuelos, al margen de la Constitución y de las leyes, para
cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.

2º.-La creación y organización de los autoproclamados Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), compuestos por determinados
estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del
Ejército (de los que el monarca español tuvo conocimiento antes de
que empezaran a actuar a través de documentos reservados del CESID) y
que cometieron, con métodos expeditivos criminales, por lo menos
veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.

3º.- El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en
treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de
una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda
solvencia que no han sido desmentidas por La Zarzuela).

4º.- La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de
particulares (yates, coches…) que lógicamente harían los
interesados persiguiendo algoa cambio.

5º.-Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de
los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de
determinada vedette del espectáculo español, que disponía de
comprometedores vídeos sexuales con el rey Juan Carlos.

6º.- La desgraciada muerte del infante D. Alfonso de Borbón en
“Villa Giralda” (residencia de los condes de Barcelona en Estoril)
el 29 de marzo de 1956 y que al hilo de los análisis incluidos en el
trabajo de referencia dejan bastante claro que el supuesto accidente
pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como
militar y como experto en armas dejan muy pocas dudas al respecto.
Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa
ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se
abra un proceso clarificador sobre el mismo, exhumando si es preciso
los restos del infante que reposan en el Monasterio de El Escorial e
interesando del ministerio de Defensa la documentación que pueda
obrar sobre aquel homicidio en los archivos de la Academia General
Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos
en balística y teoría del tiro puedan hacer sus evaluaciones y
aclarar definitivamente el misterio que encierra aquél luctuoso
suceso de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que
los jueces establezcan las responsabilidades penales a las que
todavía debiera enfrentarse Juan Carlos de Borbón, ya que en
aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún
manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un
profesional del Ejército español (cadete de la Academia General
Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales
castrenses.

Responsabilidades que podrían ser de carácter penal pero, con toda
seguridad, históricas y políticas pues si se demostrara la
culpabilidad del actual rey de España, habría que reescribir con
toda urgencia la historia de este país.

Hasta aquí, señor presidente del Congreso de los Diputados, los
presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en su
ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la
Academia General Militar. Que este modesto historiador militar y
coronel del Ejército no está dispuesto a que queden ocultos entre
las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea
esta penal, moral o histórica. Por ello le reitero una vez más la
solicitud de que todos estos hechos sean estudiados, investigados y
analizados en profundidad, y cuanto antes, por una Comisión
parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que
sin duda debe ser ese foro parlamentario, como suprema expresión de
la soberanía popular, el que promueva inicialmente las acciones
pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar tan
graves e importantes cuestiones. Que afectan al país en general y,
sobre todo, a su historia pues no deja de ser un auténtico sarcasmo y
una burla al pueblo español que ya figure en los libros de historia
de este país como máximo salvador de la democracia y de las
libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero en ponerlas en
peligro autorizando el golpe de Estado del que, según la angelical
teoría oficial, nos salvó a todos.

Ante esta Comisión debería comparecer el propio rey Juan Carlos (ya
se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento en el
año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo vertidas
en su contra por algunos acusados y testigos en el golpe del 23-F)
pues una cosa es que su persona sea, a día de hoy,
constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra
muy distinta el que no pueda y deba comparecer ante los legítimos
representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos
hechos gravísimos de la reciente historia de España en los que él
ejerció el papel de protagonista absoluto.

Y por último, señor presidente del Congreso de los Diputados, si
tanto esa Cámara como los demás poderes del Estado optan, una vez
más, por tomarse mis denuncias contra el rey Juan Carlos I a título
de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el
históricamente preclaro e insigne Alfonso X el Sabio en lugar de a
menor gloria del, a todas luces, menos docto y ejemplar personaje que
en estos momentos ocupa la Jefatura del Estado español a título de
rey por deseo testicular del dictador Franco, este historiador
militar (que le recuerdo, por si lo ha olvidado, fue encarcelado y
separado abruptamente de su carrera por un ministro de Defensa de su
partido, en 1990, por reivindicar, con conocimiento de causa, un
Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en
1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la
instancia judicial o mediática que estime oportuna y conveniente,
incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no
deja de ser un contrasentido y un esperpento jurídico que la
Audiencia Nacional española, a través de su “juez estrella”
Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de Estado extranjeros,
presuntos genocidas, terroristas y responsables de crímenes de lesa
humanidad, y no haya llamado siquiera a declarar al máximo
responsable de los asesinatos de los GAL (crímenes de Estado que no
prescriben ni deben contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad
alguna): el rey Juan Carlos I. Quien recibió precisa y abundante
información reservada del CESID en su momento (la famosa Acta
Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta
en ejecución de la llamada “guerra sucia” contra ETA. Y no hizo
nada por evitarla.

Y espero, señor presidente, que no tome estas mis últimas palabras
como una amenaza (jamás me permitiría semejante libertad contra el
máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del
Estado) sino como una respetuosa advertencia de un ciudadano español
que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha
recibido a cambio represiones y sinsabores y que, desde luego, como
le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a
cejar en la lucha por sus ideales y convicciones.

España no puede tener ni un minuto más en la Jefatura del Estado a
un hombre de pésima catadura moral, homicida confeso (que no ha
pagado todavía por su delito), presunto asesino y también, en grado
de presunción por el momento, golpista, malversador de fondos
públicos y terrorista de Estado.

Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido
en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.

Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008

----- Fi del missatge reenviat -----

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