Eusko Alkartasuna ha exigido hoy el Gobierno del PP que manifieste su posición oficial sobre las negociaciones previstas con el Ejecutivo autonómico vasco para la elaboración de una nueva ley del Concierto Económico Vasco, "a la vista de las constantes y contradictorias manifestaciones de diversos miembros del Gabinete de Aznar sobre su disposición a debatir los términos de esta futura Ley con la actual Administración de la CAPV".

La petición ha sido cursada hoy a través de una iniciativa parlamentaria presentada por la portavoz de EA en el Congreso de los Diputados, Begoña Lasagabaster, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, condicionara estas negociaciones a que el Gobierno vasco se encuentre en una situación de estabilidad derivada de unos nuevos comicios autonómicos. Estas manifestaciones, posteriormente matizadas por el propio titular de Hacienda, contradecían al ministro español de Economía, Rodrigo Rato, quien días antes declaraba que el Ejecutivo central está dispuesto a iniciar las negociaciones "en cuento lo desee el Gobierno Vasco".

Para EA "resulta urgente y prioritario" que ambas Administraciones, la vasca y la española, se sienten a negociar inmediatamente sobre una ley que responde al derecho histórico de los ciudadanos vascos, la soberanía fiscal propia, previa al ordenamiento jurídico español de los últimos 100 años y clave en el desarrollo de las competencias que el Estatuto de Gernika reconoce a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por tanto, en opinión de la formación abertzale "resulta vergonzoso e inadmisible por su carácter antidemocrático", que el Gobierno y el partido que preside Aznar "cuestionen cualquier aspecto del entramado institucional vasco, en ese caso, el Concierto Económico, en función de los gustos personales y políticos de los señores Aznar, Montoro o Iturgaiz sobre la composición del Ejecutivo vasco". "Especialmente -añade EA- cuando la medida afecta directamente a los ciudadanos vascos, que son sujetos tributarios, y a los que con esta indefinición sobre el futuro de la negociación se sitúa en una grave inseguridad jurídica".

Madrid, 17 de enero de 2001