La diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, ha manifestado hoy su preocupación por la “forma y el fondo” con que, a tenor de las informaciones periodísticas que están apareciendo, el Gobierno prevé presentar la modificación de los denominados servicios de inteligencia.

Según la diputada abertzale, una vez más, los datos relacionados con la nueva regulación de los servicios secretos españoles, hacen dudar sobre las garantías democráticas y judiciales con que actuarán los miembros de esta organización, puesto que “todo parece indicar que nuevamente, tal y como ha ocurrido en experiencias anteriores, el propio espionaje español podrá considerar su posibilidad de convertirse en juez y parte cuando confluyan derechos como el de la intimidad o la privacidad y la supuesta seguridad”.

En opinión de Lasagabaster, resulta alarmante conocer que ley que está preparando el Gobierno “contempla procedimientos excepcionales y casos de urgencia que permiten iniciar actuaciones sin permiso del juez”. De la misma manera ha subrayado la “inconstitucionalidad” en la que incurriría el Ejecutivo de Aznar si pretende diseñar un control parlamentario de los servicios secretos cuya composición sería similar a la de la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales, donde seis formaciones políticas del Grupo Mixto, que representan a cientos de miles de ciudadanos del Estado español, se les priva de la misma información y decisión que la que poseen el resto de grupos parlamentarios.

A este respecto, la diputada de EA ha denunciado la ocultación de información por parte del Ejecutivo central respecto a la elaboración del anteproyecto de ley. Se da la circunstancia que las formaciones y grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados fueron llamados por el Gobierno durante la pasada legislatura  para informarles sobre las primeras previsiones de reforma del Cesid. Sin embargo, el Gabinete de Aznar, tras anunciar una nueva ronda de reuniones en las que se comunicarían más detalles sobre esta modificación, estos encuentros nunca se produjeron.

            Transcurridos más de dos años desde entonces, EA se interesó por este proyecto legislativo el pasado mes de noviembre a través de una iniciativa parlamentaria al respecto sin que hasta el momento el Gobierno haya remitido a las Cortes la respuesta a la iniciativa de EA. Por todo ello, EA ha exigido al Gobierno una información clara y abierta a todos representantes de la voluntad popular sobre el futuro de los servicios secretos.
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