Ante la reciente resolución del Tribunal Supremo en relacion con la Mancomunidad de ayuntamientos euskaldunes (UEMA): EA CONSIDERA QUE LA SENTENCIA ES DE MOTIVACION POLITICA Y PROPONE RECURRIR A LA INSUMISION CIVIL E INSTITUCIONAL.
El Tribunal Supremo español, en sentencia de fecha 10 de febrero de 2000, ha declarado contraria a derecho la creación de una mancomunidad de ayuntamientos con el fin de servir al fomento y al desarrollo del euskera. La citada sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por el Letrado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que había declarado, en su día, la ilegalidad de determinados preceptos de los Estatutos de UEMA.
Esta resolución del Tribunal Supremo supone, por tanto, una vuelta de tuerca más en la persecución política y judicial que viene sufriendo UEMA desde hace ya varios años. No hay que olvidar que este litigio tiene su origen en un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado del Estado bajo orden expresa del Gobernador Civil de Gipuzkoa, tal y como hace constar el propio Tribunal Supremo en la sentencia.
En opinión de Eusko Alkartasuna, no cabe duda alguna sobre la implicación directa de los sucesivos gobiernos españoles en la cuestión, puesto que el impulso inicial del procedimento parte de uno de sus representantes en Euskalherria. Este hecho, unido a la inconsistencia de los argumentos jurídicos en que se sustenta la decisión del Tribunal supremo, nos sitúa ante una resolución judicial de motivación netamente política.
La mancomunidad de ayuntamientos euskaldunes surge con la vocación ofertar un servicio público que garantice los derechos lingüísticos de los ciudadanos y fomentar el uso del euskera en el ámbito municipal, recogiendo lo que es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca, que apuesta plenamente por la normalización de la lengua. El respeto escrupuloso a los derechos de los euskaldunes y de quienes no lo son viene siendo un rasgo cartacterístico en la trayectoria de la mancomunidad, por lo que la decisión de ilegalizar UEMA no se puede entender sino como una agresión directa contra la recuperación cultural de nuestro país, un proceso en el que todas las instituciones tienen el deber de colaborar.
En este sentido, no es lógico que el fomento del euskera, nuestro más preciado bien cultural, sea excluido del campo de actuación de los ayuntamientos, que son las instituciones más cercanas al ciudadano. Por otro lado, tampoco jurídicamente se sostiene la pretensión del Tribunal Supremo de reducir las competencias de fomento del uso del euskera al ámbito autonómico, por cuanto en materia de cultura todos los niveles institucionales son competentes, hasta el punto de considerarse la cultura, en derecho constitucional, como el ejemplo paradigmático de competencia concurrente.
Por todo lo expuesto, Eusko Alkartasuna se reafirma plenamente en la necesidad de seguir potenciando la labor ejemplar de UEMA en el proceso de normalización del euskera. Asímismo, comprometemos la acción de todos nuestros cargos públicos en la defensa de la mancomunidad frente a este tipo de decisiones judiciales, de evidente carácter político, y cuyo único objetivo es obstaculizar el desarrollo del euskera y destruir los instrumentos de que nos hemos dotado al efecto. Anunciamos, por último, nuestra disposición a recurrir a cuantos medios pacíficos sean necesarios, incluidas la insumisión civil e institucional, para la defensa de la autonomía municipal y de los legítimos derechos lingüísticos de nuestro pueblo.
- Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna.-
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