EUSKO ALKARTASUNA ANTE LA RENTA BÁSICA

 

Introducción

Estamos ante el séptimo año consecutivo de crecimiento económico. Este hecho ha contribuido a la generación de riqueza y, cómo no, a la generación de puestos de trabajo: hemos superado la cuota de 800.000 personas ocupadas.

Sin embargo en el reparto de esta riqueza generada, no todas las personas de esta comunidad han tenido las mismas posibilidades u oportunidades. Como muestra de esto, (aunque a continuación intentemos dar una descripción de la realidad,) como avance, podemos recordar esas 30.400 familias con todos sus miembros en situación de desempleo o esos 103.394 parados que no cobran el subsidio por desempleo.

Estas situaciones nos enseñan que a pesar de que los indicadores económicos muestran una recuperación y un progreso económico, determinados colectivos no mejoran su situación respecto a ejercicios anteriores.

MERCADO LABORAL

Desde 1994 se han creado 119.000 nuevos empleos y el desempleo ha disminuido en 81.500 personas, con lo que la tasa de paro se ha reducido en 9 puntos. A pesar de ello, todavía hay 145.100 personas en paro, un 14,9% de la población activa.

Las características de estos nuevos empleos son:

Desde 1994 la población asalariada con contrato indefinido pasa de representar el 74,9% al 63,4%. Año a año, este tipo de contratos va perdiendo peso específico. Así, en 1999 tan solo el 8,5% de los contratos registrados en el INEM correspondió a contratos indefinidos.

La utilización de los contratos temporales se va generalizando. No se nos tiene que olvidar que la duración de estos tipos de contratos es en la mayoría de los casos inferior a un mes.

Se está extendiendo la realización de las jornadas a tiempo parcial. En 1994 el 9,7% de la población asalariada tenía una jornada reducida, mientras que en 1999 el porcentaje ascendía al 15,1%.

Hay un dato que no se nos puede escapar: el número de personas ocupadas sin contrato de trabajo se ha duplicado desde 1995 hasta 1999, cuando 42.143 personas trabajaban sin contrato.

Una de las principales conclusiones que se desprenden de esta situación es que estas personas van a padecer graves consecuencias en el momento en que tengan que acceder a las prestaciones de la seguridad social, tal y como comentaremos en el capítulo correspondiente.

Tenemos que hacer una mención especial a dos colectivos: jóvenes y mujeres.

Jóvenes

De cada 100 jóvenes menores de 35 años activos, 22 está en paro. De los que participan activamente en el sistema productivo, sólo el 48,9% lo hace con un contrato indefinido. El resto, el 45% tiene un contrato temporal y el 6,1% trabaja sin contrato. Datos que nos demuestran que el mercado laboral no es homogéneo.

Las personas jóvenes son las más afectadas por la actividad de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). El 72,8% de las contrataciones que efectúan estas empresas se realiza a personas que tienen menos de 30 años.

La precariedad de las contrataciones de estas empresas se pone de manifiesto con el hecho de que la mitad de las mismas tiene una duración inferior a 5 días y sólo un 5% supera el mes.

Por otra parte, a la hora de acceder a un empleo muchas personas jóvenes sufren importantes discriminaciones, ya que se les aplican peores condiciones laborales que a las que están ya trabajando en la empresa desde tiempo antes. Uno de los apartados en los que estas discriminaciones tienen más incidencia es el de los salarios.

Todo ello es reflejo de una situación de las personas jóvenes caracterizada por su elevado desempleo, inestabilidad laboral dadas las altas tasas de temporalidad que padecen, y escaso nivel de cobertura social. De esta forma, este colectivo tiene una importante carencia de recursos estables.

La protección familiar evita u oculta la pobreza que puede padecer la juventud. Nos debe hacer pensar qué pasaría si los miembros de este colectivo decidieran independizarse, cómo afectaría esa decisión a las tasas de pobreza. De hecho, la recientemente publicada Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del año 2000 pone de manifiesto que existen 130.000 personas entre 18 y 34 años que desean constituir un hogar independiente y no pueden hacerlo por falta de recursos económicos.

Mujeres

La tasa de actividad de este colectivo es del 42,3%, (hombres: 66,2%), la tasa de paro que sufren es del 21,6% (el doble que el 10,3% de los hombres). El tiempo en desempleo sigue siendo más largo entre las mujeres. Del total de personas paradas de larga duración, (quienes llevan un periodo superior al año en paro), el 62% son mujeres, al tiempo que se incrementa el porcentaje en paro de 2 o más años.

Además, el 30% de las mujeres asalariadas lo son a tiempo parcial. Y este dato gana en importancia si tenemos en cuenta las consecuencias que tiene en el cálculo de las prestaciones sociales.

Si además de estos datos tenemos en cuenta que cada vez son más las mujeres cabeza de familia, sobre todo de familias monoparentales, este hecho hace que cada vez sea mayor el porcentaje de familias encabezadas por una mujer que sufren la pobreza.

Fuente de los datos: Eustat. Encuesta de la población en relación con La Actividad 1999.

SALARIOS

La remuneración media asciende a 2.500.000 pesetas. El nivel salarial medio de la CAPV, comparando con los datos facilitados por el EUSTAT, supera dentro de la Unión Europea sólo a los existentes en Portugal, Grecia y Estado español.

A este hecho tenemos que añadir la evolución de los salarios. En este sentido cabe destacar lo recogido en un informe de la Comisión Europea, que revela que los trabajadores españoles son los únicos en la Unión Europea que han perdido poder adquisitivo en 1999 (los salarios reales se redujeron 3 décimas, mientras que la media de la zona euro fue de una ganancia del 1%).

Dentro de este apartado que hacemos referencia a los salarios, debemos señalar que la cuantía del SMI está mas alejada del salario medio que en la Unión Europea. En concreto, en el Estado español el SMI supone el 36% del salario medio, mientras que en Europa asciende el 60%.

PRESTACIONES SOCIALES

Prestación por desempleo

Solamente 41.656 de las 145.100 personas que están en desempleo perciben prestaciones del INEM. Es decir 7 de cada 10 personas en paro no tienen prestaciones por desempleo.

Los mecanismos de protección existentes dejan sin cobertura a esta parte de la población parada. Ello se debe a distintas razones:

han agotado el periodo generado para percibir las prestaciones por desempleo

no cumplen los requisitos establecidos para acceder a la prestación por desempleo. Para percibir prestación es necesario haber cotizado al menos un año, lo que deja fuera a quienes no han trabajado anteriormente, a quienes han cotizado durante menos tiempo o a quienes tras agotar sus prestaciones no han cotizado el nuevo periodo requerido.

Fuente de los datos: INEM

Pensiones

En la CAPV existen 421.381 personas que perciben una pensión media de 94.220 pesetas. Sin embargo, una parte importante de este colectivo tiene unos ingresos mensuales que están por debajo de esta cuantía media.

Así, hay 113.926 personas (un 27,1% del total de pensionistas) que cobran una pensión de viudedad, cuya media asciende a 60.715 pesetas. Por otro lado, la pensión media del régimen de autónomos es de 64.403 pesetas. En este régimen están 47.254 personas (un 11,2% de las que cobran pensión).

Por otra parte, la pensión no contributiva media asciende a 37.274 pesetas mensuales. El número de personas que percibe pensión no contributiva es de 10.972 personas.

En definitiva, existen importantes colectivos de pensionistas que tienen unos ingresos mensuales inferiores al SMI (a los citados habría que añadir los de la empleada de hogar y régimen agrario, que suman 31.970 personas).

Aquí cabe hacer la siguiente reflexión: las tasas de pobreza entre las personas mayores se irá incrementando, en la medida en que los parados de larga duración, las personas que están sufriendo el desempleo intermitente, empleo precario o a tiempo parcial lleguen a la edad de jubilación, ya que, no habrán cotizado un número de años suficiente o lo habrán hecho en relación a bajas retribuciones, por lo que las pensiones de jubilación serán reducidas.

Fuente de los datos: Seguridad Social

GASTOS FAMILIARES

La Encuesta de Presupuestos Familiares viene a decir que, teniendo en cuenta los ingresos medios de las familias, el 40% de los hogares de la CAPV tiene problemas, para llegar a final de mes. Concretamente tenemos un 5,9% de familias con mucha dificultad, 9,3 con dificultad y 24,8 con cierta dificultad.

POBREZA

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del año 2000 nos indica que en los cuatro últimos años ha disminuido el porcentaje de hogares que se encuentran en lo que se denomina Ausencia de Bienestar (disposición de ingresos económicos insuficiente para hacer frente a los gastos necesarios para alcanzar los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados). En esa situación se encuentra el 28,8% de los hogares, frente al 31,6% de 1996.

Sin embargo, en estos años de crecimiento económico ha aumentado la pobreza grave. 37.776 hogares (un 5,5% del total) carecen de ingresos suficientes para cubrir las necesidades más elementales (alimentación, vestido, calzado y gastos de vivienda).

Las situaciones de pobreza grave inciden más intensamente en las personas que viven solas y en las familias monoparentales. En función de la situación de la persona principal, la pobreza es mayor en:

hogares encabezados por una mujer. Un 13,3% de los mismos está en pobreza grave

hogares encabezados por personas menores de 35 años y mayores de 65 años. El 10,1% de los hogares de menos de 35 años está en pobreza grave, porcentaje que llega al 6,4% entre quienes tienen más de 65 años.

Hogares encabezados por personas paradas, inactivos y ocupados no estables. El 34,9 de los hogares con la persona principal en paro está en pobreza grave. Este porcentaje alcanza el 7,5% entre la población inactiva y el 5,9% entre la población ocupada no estable.

 

PROPUESTA DE EUSKO ALKARTASUNA

El análisis realizado en los apartados anteriores nos muestra que si bien los derechos sociales son universales, hay quienes tienen dificultades para poderlos desarrollar, padecen en cierto nivel un estado de necesidad, e incluso hay quienes viven en situaciones de extrema necesidad y por tanto tienen imposibilitado su ejercicio. El ejercicio de los derechos sociales requiere entre otras cosas disponer de unos ingresos mínimos.

Ante esta realidad serán necesarias políticas que basadas en la justicia y solidaridad garanticen una vida digna, autónoma y de calidad a toda la ciudadanía. En definitiva se tendrán que programar acciones encaminadas a la prevención de estas situaciones de pobreza y marginación y a la protección cuando se den.

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos existe una relación directa entre la marginación y la falta de ingresos y la posibilidad de obtenerlos mediante la participación activa en el mercado de trabajo, la prevención hará referencia a las políticas activas de empleo basadas en el reparto de trabajo, como son:

reducción de la jornada laboral a 35 horas

fomento del contrato de relevo y sustitución

supresión de las horas extras

contratación indefinida

(Respecto a todos estos aspectos no vamos a incidir en este documento, cuyo objeto es dar a conocer la posición de Eusko Alkartasuna respecto a la Renta Básica).

Hablábamos de prevenir las situaciones de pobreza y, en todo caso, de proteger cuando se den, y es que en tanto en cuanto estas políticas activas de empleo no den respuesta suficiente, serán necesarias las políticas pasivas. Uno de los niveles de éstas es el establecimiento de una renta básica.

Antes de concretar la postura de Eusko Alkartasuna sí es importante plantear la siguiente reflexión:

La principal crítica que corresponde hacer, es el hecho de que el sistema de protección social no contempla ningún nivel de cobertura que evite caer por debajo del umbral de pobreza. Esto es así, porque éste es un debate que está pendiente en un Estado donde sus máximos responsables dicen que todo va bien; y sin embargo se aleja de los demás países de la Unión Europea en lo que a la protección social se refiere: si en 1.993 el peso que el gasto en protección social en relación al PIB se situaba a 4,6 puntos de la Unión Europea en 1.997 está a 6,7 puntos; el gasto por persona en 1.997 fue de 435.455 pesetas, que en términos homogéneos es un 63,44% de la media comunitaria.

De esta manera se incumplen las recomendaciones que en el ámbito europeo y a nivel internacional existen en relación a la protección social, las cuales sitúan el límite de pobreza en la mitad de la renta per cápita. Si la protección social fuera semejante a las recomendaciones, se situaría por encima del Salario Mínimo Interprofesional, rompiéndose así la relación de equilibrio que tiene que existir entre ambas a fin de no introducir desincentivos en la búsqueda activa de empleo. Ahí está la trampa, se toma como parámetro comparativo el SMI, sin tener en cuenta que éste se sitúa en torno al 36% del salario medio, cuando en Europa se sitúa en torno al 60%, y sin abordar el debate sobre dónde establecer el umbral de pobreza.

 

Una vez hecha esta reflexión, pasamos a concretar la propuesta de Eusko Alkartasuna sobre la renta básica.

   Consideramos que la Renta Básica es un derecho individual, si bien debe ligarse a estados de necesidad. Así, creemos que deben ser beneficiarias aquellas personas que, teniendo en cuenta las rentas y patrimonio de la unidad convivencial a la que pertenecen, carecen de recursos económicos suficientes para poder hacer frente a las necesidades básicas y a las derivadas de un proceso de inserción social y laboral.

   La cuantía de la Renta Básica que proponemos es la necesaria para garantizar unos ingresos del 100% del SMI mensual, que cobrados en 12 meses suponen el 85% del SMI anual. Esta cuantía se incrementará en función de los componentes de la unidad convivencial utilizando la escala EUROSTAT, con el límite de 16 años.

   Quienes perciben la Renta Básica desarrollarán un convenio de inserción con la administración, en el que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las actuaciones específicas de carácter social necesarias para conseguir su inserción personal, social y laboral.

 

Vitoria-Gasteiz, 26 de octubre de 2000