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  • julian_dela_mancha
    La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, de creación del Tribunal de Cuentas,dice en su artículo primero que es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas
    Mensaje 1 de 3 , 1 may 2008
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      La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, de creación del Tribunal de
      Cuentas,dice en su artículo primero que es el supremo órgano
      fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica
      del Estado y del sector público, sin perjuicio de su propia
      jurisdicción, de acuerdo con la Constitución
      y la presente Ley Orgánica.

      Sus funciones son:
      a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad
      económico-financiera del sector público.
      b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran
      quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

      El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o
      memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se
      elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el «Boletín
      Oficial del Estado».

      El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, abusos o
      prácticas irregulares haya observado, con indicación de la
      responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las
      medidas para exigirla.

      El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de
      Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes
      recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen
      bienes, caudales o efectos públicos.

      La jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o
      efectos públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas
      en garantía de su gestión.

      No corresponderá a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de:

      a) Los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal
      Constitucional.

      b) Las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-
      administrativa.

      c) Los hechos constitutivos de delito o falta.

      d) Las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza
      encomendadas al conocimiento de los órganos del Poder Judicial.

      La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
      Procedimiento Administrativo Común, será supletoria de las normas
      reguladoras de los procedimientos fiscalizadores.

      Para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de
      Cuentas, en cuanto no esté previsto en la presente Ley o en la de su
      funcionamiento, se aplicarán supletoriamente la Ley reguladora de la
      Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil
      y Criminal, por este mismo orden de prelación.

      Por tanto, respecto de los expedientes instruidos por el Tribunal de
      Cuentas, los declarados interesados en los mismos, puede acceder a su
      información y obtener las copias correspondienes, una vez
      salvaguardados

      Así el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece como
      derecho de los ciudadanos el de "acceso a los registros y archivos de
      las Administraciones Públicas en los términos previstos en la
      Constitución y ésta u otras Leyes."

      El Artículo 37 del mismo texto legal,regula el Derecho de acceso a
      Archivos y Registros del modo siguiente:

      1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a
      los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los
      archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión,
      gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que
      figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos
      terminados en la fecha de la solicitud.
      2. El acceso a los documentos que contengan datos referentes a
      la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que, en el
      supuesto de observar que tales datos figuran incompletos o inexactos,
      podrán exigir que sean rectificados o completados, salvo que figuren
      en expedientes caducados por el transcurso del tiempo, conforme a los
      plazos máximos que determinen los diferentes procedimientos, de los
      que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno.
      3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin
      incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas
      figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de
      carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su
      contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de
      los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por
      terceros que acrediten un interés legítimo y directo.
      4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados
      anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés
      público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando
      así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el órgano
      competente dictará resolución motivada.
      5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los
      siguientes expedientes:
      Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del
      Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus
      competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.
      Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la
      Seguridad del Estado.
      Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera
      ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de
      terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén
      realizando.
      Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o
      industrial.
      Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política
      monetaria.
      6. Se regirán por sus disposiciones específicas:
      a) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre
      materias clasificadas.
      b) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos
      sanitarios personales de los pacientes.
      c) Los archivos regulados por la legislación del régimen
      electoral.
      d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos
      dentro del ámbito de la función estadística pública.
      e) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes
      y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una
      Ley.
      f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las
      Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la
      condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de
      una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación
      Local.
      g) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos
      Históricos.
      7. El derecho de acceso será ejercido por los particulares de
      forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los
      servicios públicos debiéndose, a tal fin, formular petición
      individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que
      quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular
      solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No
      obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten
      un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá
      autorizar el acceso directo de aquéllos a la consulta de los
      expedientes, siempre que quede garantizada debidamente la intimidad
      de las personas.
      8. El derecho de acceso conllevará el de obtener copias o
      certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la
      Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se
      hallen legalmente establecidas.
      9. Será objeto de periódica publicación la relación de los
      documentos obrantes en poder de las Administraciones Públicas sujetos
      a un régimen de especial publicidad por afectar a la colectividad en
      su conjunto y cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los
      particulares.
      10. Serán objeto de publicación regular las instrucciones y
      respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros
      órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho
      positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser
      alegadas por los particulares en sus relaciones con la
      Administración.

      Espero que te sea de utilidad.
      Salud,
    • María
      Hola, me podríais indicar si existe algún registro donde haya información sobre las personas que estaban afiliadas a la U.G.T, ó P.S.O.E, en 1936? Muchas
      Mensaje 2 de 3 , 11 jun 2008
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        Hola, me podríais indicar si existe algún registro donde haya información sobre las personas que estaban afiliadas a la U.G.T, ó P.S.O.E, en 1936?
         
        Muchas gracias.
         
        María.



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